La Palma: los afectados siguen esperando ayudas 3 años después de la erupción
Piden a los politicos que no les engañen y que las administraciones tomen medidas para poder recuperar su forma de vida y evitar que una catástrofe como ésta se repita
La “casa de la grieta”, cuya propietaria la ha cubierto de plástico para evitar que los turistas la fotografíen y entren en ella, a pesar de que es una propiedad privada.
"Lo ocurrido ha sido tan grave y ha tenido tales consecuencias para la salud social y económica de la isla que se requiere un esfuerzo muchísimo mayor por parte de las administraciones, que son quienes tiene el músculo económico y legislativo. Porque a situaciones excepcionales, soluciones excepcionales, ¿no? Una situación de catástrofe como la ocurrida es lo suficientemente especial como para cambiar las normas, por lo menos en las zonas afectadas, y recuperarlas luego. O, mejor, ser más ambiciosos y prever una futura situación parecida, ya que Canarias es el único territorio vulcanológicamente activo de España", nos cuenta Alberto Alexis, portavoz de Iniciativa de Apoyo Ciudadano, una organización nacida meses después de la catástrofe que tuvo lugar el 19 de septiembre del 2021.
“La administración tenía información de lo que iba a ocurrir y no la trasladó a la población”
Habitantes de La Palma huyendo del volcán en erupción.
PRONTO: ¿Creéis que se podía haber hecho un trabajo de prevención y minimizar la catástrofe?
ALBERTO ALEXIS: No nos cabe ninguna duda. Antes de que se produjera la erupción, hubo un preámbulo de sismicidad durante el cual nunca se nos puso en alerta de lo que iba a ocurrir. Al contrario, nos hablaron de un porcentaje de erupción aérea del 20 por ciento y luego nos enteramos a través de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de que la probabilidad era de un 80 por ciento. La administración tenía información de lo que podía ocurrir que no trasladó a la población, y las personas en zonas de riesgo no fueron evacuadas. Si lo que hicieron después lo hubieran hecho antes, como dice la Ley de Protección Civil, los daños se habrían minimizado y el proceso de solicitud de ayudas, inscripción en el registro y todos los trámites se habrían simplificado para los damnificados.
Coche cubierto de ceniza expulsada por el volcán.
P.: ¿Cuántas personas siguen viviendo en los Llanos de Aridane en este barrio de contenedores?
A.A: Unas 200 personas por lo menos. Hay 85 contenedores. Tengo un primo que vive allí y, cuando voy a verlo, se me encoge el corazón. Hablamos de personas como nosotros, que la única desgracia que han tenido es sufrir una catástrofe volcánica. Ése ha sido su delito. Son personas que han contribuido toda su vida, que han trabajado, han sacado adelante a su familia, han pagado religiosamente sus impuestos, han cumplido con sus responsabilidades con las leyes.
Colegio de la Palma destruído por el volcán. Fotografía cedida por Andrea Dominguez Torres
P.: ¿Queda gente alojada en caravanas y hoteles?
A: En caravanas sí, pero en hoteles, ya no. Entre otras cosas porque al Cabildo le costaba un picotazo importante y lo que ha hecho es sacar ayudas para el alquiler, porque uno de los efectos negativos del volcán es que con la pérdida de viviendas, los precios de los pisos se han disparado.
Barrio de módulos prefabricados destinados a alojar a las víctimas de la erupción. Fotografía cedida por Andrea Dominguez Torres
P.: ¿Qué pedís a las administraciones?
A.A.: Cambiar las normas, por lo menos en las zonas afectadas, y recuperarlas luego. O, mejor, ser más ambiciosos y prever una futura situación similar, ya que Canarias es el único territorio vulcanológicamente activo de España. Aquí estamos en riesgo. Si no aprendemos nada de lo que ha ocurrido en La Palma, volverá a pasar. Y eso no se puede permitir.
“No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir"
Vista aérea de la zona de la erupción.
Encuentra la entrevista completa en la nueva Revista Pronto.
