Los trabajadores sociales piden más seguridad tras el asesinato de una compañera
Profesionales de intervención social reclaman medidas urgentes tras el asesinato de Belén Cortés, educadora en un centro de menores en Badajoz
El asesinato de Belén Cortés, educadora social asesinada en una casa tutelada en Badajoz presuntamente por tres menores, ha generado una ola de indignación entre los profesionales del sector.
En Palencia, el Monumento a la Mujer, ubicado en la Calle Mayor, fue escenario de un emotivo acto donde se ha guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de la víctima.
Piden más seguridad y apoyo institucional
Durante el homenaje, convocado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Palencia, se ha exigido públicamente que las administraciones tomen medidas efectivas para proteger a los profesionales de la intervención social. José María Laso, presidente del Colegio, que representa a 180 trabajadores colegiados, ha manifestado la urgente necesidad de establecer protocolos y recursos adecuados para garantizar la seguridad laboral.
De hecho, los trabajadores sociales han entregado más de 110.000 firmas en el Ministerio de Interior exigiendo más seguridad.
La iniciativa para recoger firmas partió de Victoria Salinas, una joven trabajadora social de 32 años amiga de la joven asesinada, que conoce bien la situación en los centros de menores tutelados que están cumpliendo alguna medida judicial.
Las terribles palabras de la amiga de Belén, la trabajadora asesinada
En su petición de firmas, Victoria compartió el siguiente texto: "Estoy horrorizada y llena de rabia. Ayer asesinaron a una de nuestras compañeras, una educadora social de 35 años, mientras trabajaba en un piso tutelado de menores.
Y lo peor es que a ninguno nos ha sorprendido. Llevamos años advirtiendo de que esto podía pasar. Nos enfrentamos a diario a situaciones de riesgo y no tenemos suficiente seguridad: ni cámaras, ni protocolos claros, ni personal mínimo… Que la muerte de María Belén no quede en el olvido, por favor. Por ella y para que no le pase a nadie más: pedimos personal de seguridad YA acompañando a los trabajadores sociales ante situaciones de riesgo.
Yo misma he vivido agresiones y las he visto sufrir a otros compañeros. He pasado muchísimo miedo y he tenido miedo de morir. Igual que María Belén, que denunció a uno de los menores por amenazas y había manifestado su preocupación por su seguridad personal.
Por favor, la muerte de María Belén no puede quedar en el olvido. ¿Cuántos más tenemos que morir para que nos escuchen y se preocupen por nuestra seguridad?
Pedimos que a los trabajadores de lo social nos acompañe personal de seguridad para realizar nuestro trabajo en aquellos dispositivos donde la conflictividad y el riesgo lo requieran, como son los centros de menores en, tristemente, cada vez más casos.
Las situaciones a las que estamos expuestos son a veces tan peligrosas que yo me vi obligada a dejar mi trabajo. Al reincorporarme de mi baja viví un motín y temí por mi vida. Nadie me preguntó. Ese fue el detonante final para dejar un trabajo que era mi vocación. Me expulsó la estructura, no el trabajo. Porque no me protegían ni respaldaban mi trabajo. Y sé que no soy la única. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir así?
En los últimos años he vivido en primera persona una escalada en la violencia en los menores que han entrado en los centros y, sin embargo, la administración no ha puesto medios para protegernos. Por ejemplo, en el centro de menores donde yo trabajé no se cumplía el mínimo necesario de personal de seguridad para acompañarnos.
Tampoco se están cumpliendo las ratios de número de educadores sociales por centro, ni ofrecen diferentes soluciones o protocolos de actuación por falta de personal, simplemente se sigue sacando el trabajo adelante a costa de la salud e integridad física de los profesionales.
No podemos hacer nuestro trabajo si no estamos protegidos ni tenemos medios suficientes.
No queremos más agresiones a compañeros. No queremos más tragedias".
El caso de Belén Cortés ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en intervención social, un sector fundamental pero aún insuficientemente protegido, y que ahora reclama acciones concretas y urgentes por parte de las administraciones públicas.
