Bárbara Rey y sus hijos podrían ir a la cárcel por un presunto alzamiento de bienes
El juicio se celebrará el próximo lunes 19 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid
Delicados momentos para Bárbara Rey y sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr. -fruto de su relación con el domador Ángel Cristo- que como acabamos de conocer serán juzgados por un presunto delito de alzamiento de bienes el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía solicita tres años de prisión para María Margarita García García, nombre real de la artista, por varias operaciones financieras llevadas a cabo para provocar "una situación de indefensión económica", lo que le imposibilitaba satisfacer el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros.
Los hijos de la vedette, por su parte, se enfrentan a una pena de dos años y seis meses de cárcel por haber cometido presuntamente el mismo delito que su madre, y se sentarán con Bárbara en el banquillo de los acusados el próximo lunes en la Audiencia Provincial.
Bárbara Rey y sus hijos: el origen de su presunto delito fiscal
Los hechos se remontan al 10 mayo de 2011, cuando la AEAT comenzó una inspección a la actriz por irregularidades en el IRPF de los años 2006 y 2008. Así, el 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.
Dichas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero del 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí que el 18 de julio se dictaran acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a Bárbara en fecha 8 de agosto de 2013.
A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación, la vedette, "con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago", se puso en contacto con varios familiares para actuar en "connivencia" a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial "que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas , haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares".
La Fiscalía detalla un total de trece operaciones en las que tomaron parte sus dos hijos, su hermana y otras personas con la finalidad de provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada "que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no ser habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados". A fecha de 19 de diciembre del 2017 existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902,24 euros.
Un duro revés sobre el que Bárbara y sus hijos todavía no se han pronunciado públicamente.