Alejandro Sanz, declarado en rebeldía por no pagar una deuda de 3 millones de euros
El artista se enfrenta a un nuevo revés judicial tras ser declarado en rebeldía por el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid
Alejandro Sanz ha vuelto a sufrir un varapalo judicial.
Ha sido un verano muy complicado para Alejandro Sanz. El pasado mayo, el cantante admitió que estaba enfrentándose a un momento muy delicado a nivel personal, con la intención de visibilizar la importancia de la salud mental. Poco después, se dio a conocer que había puesto fin a su relación con Rachel Valdés, y los disgustos no se quedaron ahí: también salió a la luz que tenía que hacer frente a una deuda de 3 millones de euros.
El el cantante dejó de cumplir con los pagos de dos de los préstamos que había adquirido para adquirir dos lujosos inmuebles en Estados Unidos, por los que abonó siete millones de dólares.
Tras la venta de las propiedades en 2020 por una cantidad inferior y tras calcular la deuda, los costos del proceso y los intereses, se estableció que Sanz debería compensar tres millones para los que ahora tiene que responder con su patrimonio personal, algo que todavía no habría llevado a cabo.
Alejandro Sanz estaría "evitando" ser notificado sobre la deuda de 3 millones de euros
El Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid inició en junio un proceso para notificarle la obligación de pagar, previa a la confiscación de su patrimonio.
Ahora se ha dado a conocer que, desde entonces, las autoridades judiciales no han podido localizar a Alejandro Sanz para notificarle la resolución, lo que ha llevado a su declaración de rebeldía.
La magistrada argumenta que una de las sociedades del cantante, Alkazul S.L. no ha comparecido ni se ha involucrado en el proceso judicial, y según informa El Mundo, la jueza sospecha que el cantante podría estar evitando recibir notificaciones para prolongar deliberadamente el proceso legal.
En términos legales, que alguien sea declarado en rebeldía por una deuda impagada implica que esa persona no ha cumplido con sus obligaciones de pago según lo ordenado por un tribunal o una sentencia judicial.
Las consecuencias podrían ir desde la ejecución de la sentencia mediante la incautación de bienes o propiedades para satisfacer el monto adeudado, sanciones adicionales, limitaciones legales, reporte en historial crediticio o embargo de cuentas bancarias.